Un comité de la Cámara de los Lores ha instado al Banco de Inglaterra a repensar los límites para las stablecoins antes de que se finalice el régimen del Reino Unido. El Comité de Regulación de Servicios Financieros publicó su informe, Stablecoins: waiting for regulation, el 3 de junio de 2026, convirtiendo un debate técnico sobre el diseño de las reservas en una prueba de si el Reino Unido puede construir un mercado de stablecoins denominadas en libras sin hacerlo antieconómico desde el principio.
El punto de presión es el diseño de las salvaguardas. El comité apoya el respaldo 1:1 y acepta que las stablecoins pueden crear riesgos en torno a la estabilidad financiera, la protección del consumidor y las finanzas ilícitas. Su desafío es más específico: las salvaguardas propuestas por el Banco pueden estar calibradas para un mercado que aún no existe en el Reino Unido. Dos medidas están en el centro de esa crítica. El Banco ha propuesto límites temporales de tenencia por moneda de £20,000 para individuos y £10 millones para empresas. También ha propuesto exigir a los emisores sistémicos de stablecoins en libras que mantengan al menos el 40% de los activos de respaldo como depósitos en el Banco de Inglaterra que no generan intereses. El informe de los Lores dice que esas opciones podrían determinar si se desarrolla un mercado de stablecoins GBP. Si una stablecoin en libras no se puede mantener en cantidades útiles o generar suficientes ingresos de reserva para respaldar el negocio del emisor, el Reino Unido podría terminar con reglas claras, pero pocas empresas dispuestas a construir los productos que esas reglas pretenden gobernar.
La Señal
El informe de los Lores llega en un momento crucial para el ecosistema de stablecoins del Reino Unido. Mientras que la UE ya tiene su régimen MiCA en pleno efecto, y Estados Unidos avanza con su propia legislación, el Reino Unido corre el riesgo de quedarse atrás si sus reglas son demasiado restrictivas. El Banco de Inglaterra, por su parte, prioriza la estabilidad financiera y la protección del consumidor, pero el comité sugiere que este enfoque podría sofocar la innovación antes de que despegue.
